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Mónica Pérez

Directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs

Ahora que la reforma laboral ha salido adelante con el apoyo del Congreso, la patronal y los sindicatos, el mercado de trabajo español afronta uno de los retos más relevantes de su historia. Un reto que, no hay que olvidarlo, afecta principalmente a los trabajadores de este país.

Sorprende sin embargo que, tal y como demuestran los datos de nuestro último estudio sobre los principales aspectos de la reforma laboral, el elevado desconocimiento que existe entre la población activa acerca del contenido del mencionado real decreto ley. De hecho, la mitad de la población ocupada y desocupada afirma estar poco informada sobre el tema. En cualquier caso, y aunque pueda resultar sorprendente, el segmento de edad que declara ser más conocedor del contenido son los más jóvenes: aquellos que tienen entre 16 y 24 años. 

Pero, en realidad, no es un dato que deba extrañarnos. Y es que las principales medidas que presenta la nueva reforma laboral -las cuestiones que hacen referencia a la temporalidad, por ejemplo- resultan determinantes para el presente y futuro de este colectivo de trabajadores. El final de los contratos de obra y servicio y las limitaciones a los temporales pretenden reducir uno de los problemas de raíz del mercado laboral español. 

Precisamente, las medidas para reducir la temporalidad son las mejor acogidas por parte de la población. El 77% de la población activa que afirma estar informada sobre la reforma laboral ve con buenos ojos que se penalice a las empresas que abusen de la rotación de los trabajadores temporales. Además, el 62,5% apoya que se regule la contratación indefinida para las Empresas de Trabajo Temporal (ETT); y el 62% está a favor de que se limite a un 15% los contratos temporales en su plantilla, en sectores específicos.

Aparecen a continuación otros aspectos como los convenios (a partir de ahora, permanecerán en vigor mientras duren las negociaciones para la firma del siguiente acuerdo, y los sectoriales primarán solo sobre los empresariales en lo relacionado con el salario base y los complementos), los ERTE (salen reforzados para cubrir a las organizaciones en situaciones de dificultad económica o incluso desplegarse durante un periodo prolongado) o los contratos de formación (se modifican las tipologías actuales para acercar más su uso al momento de finalización de los estudios por parte del trabajador, incluyendo además nuevas limitaciones en cuanto a duración del contrato y de la jornada laboral).
 
De las distintas normativas aprobadas, únicamente las cuestiones relativas a la temporalidad tendrán una incidencia significativa en el mercado de trabajo. Si bien es cierto, la variedad de escenarios en que podrá seguir recurriéndose a la contratación temporal deja mucho margen de maniobra a las empresas. De ahí se explica que un 31% de la población activa considere que aumentarán los pagos en B a raíz del decreto ley, mientras que un 48% cree que el mismo reducirá el uso fraudulento de determinados contratos.

Por todo ello, resulta indispensable la implicación de las propias compañías y de los servicios de inspección. 

En 2021, solo el 7 % de los contratos iniciales firmados fueron indefinidos. Si las limitaciones a los contratos temporales y las facilidades de flexibilidad de los nuevos ERTE logran incrementar significativamente ese porcentaje en 2022, podría darse por iniciada la senda para enmendar un problema estructural como es la dualidad del mercado laboral español. 

Ese es el reto.