Es indudable el impacto de las inversiones en infraestructuras en nuestro desarrollo económico y social, con múltiples registros que confirman su extraordinaria contribución durante las últimas décadas y los efectos económicos inherentes a la inversión pública, entre los que destacan su elevada creación de empleo –14 por millón de euros invertido–, su generación de actividad económica inducida –de 0,92 euros por cada euro invertido–, su retorno fiscal –casi medio euro de retorna a las arcas públicas por euro invertido– y su apoyo a la industria nacional –la cuota de importaciones apenas representa el 9 % del total producido–, y el importante aumento del bienestar social.

Y tanto para hablar de dicho bienestar social como de los importantes desafíos a que debemos hacer frente a corto y medio plazo, tenemos como referencia el cumplimiento de la Agenda 2030 cuyo compromiso hemos aceptado. De hecho, las infraestructuras actúan como palanca transformadora en varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que supondrán importantes mejoras en materia de salud y bienestar (ODS 3), agua limpia y saneamiento (ODS 6), energía asequible y no contaminante (ODS 7), industria, innovación e infraestructura (ODS 9), ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11) y vida y ecosistemas terrestres (ODS 15).

La Agenda 2030, incorpora también las tendencias globales de desarrollo económico y social que condicionan igualmente nuestras necesidades de inversión, y que según la consultora norteamericana Kearney1 se resumen en: i) la gestión de los recursos naturales, ii) los cambios demográficos, iii) el potencial disruptivo e la innovación tecnológica, iv) la evolución de la economía mundial, y v) el entorno geopolítico.

La gestión de los recursos naturales, presente en varios objetivos de la Agenda 2030, tiene como protagonista, entre otros, el agua que constituye un recurso básico que incide directamente, además de en nuestra calidad y bienestar, en el desarrollo y competitividad de sectores estratégicos como la agricultura y el turismo. En agricultura, somos el primer productor europeo de frutas y hortalizas, el segundo exportador global de vino y concentramos el 44 por 100 de la producción mundial de aceite de oliva. Y en turismo, que representa el 12,4 por 100 de nuestro PIB, somos el líder global en competitividad según el World Economic Fórum y el segundo país del mundo tanto en ingresos internacionales como en número de turistas.

El agua limpia y el saneamiento monopolizan el ODS 6, y su cumplimiento exige enormes inversiones a realizar en esta década como así lo recoge el tercer ciclo de planificación hidrológica 2022-2027 con más de 26.000 millones de euros a invertir durante los próximos 6 años, en todo tipo de tipolo gías inversoras, destacando la depuración y el saneamiento pero también las infraestructuras de reutilización de aguas residuales y las de regadío, regulación y prevención de avenidas, presentes en el ODS 15 de vida y ecosistemas terrestre. Pues no debemos olvidar que las inundaciones constituyen nuestra mayor catástrofe natural, y que la mitad de nuestro país se encuentra en riesgo de desertización, con un 72 % de su superficie bajo estrés hídrico severo.

Las infraestructuras hidráulicas de todo tipo constituyen por tanto una de nuestras mayores prioridades, y ello choca frontalmente con nuestra cada vez menor disponibilidad de recursos públicos al ser la economía europea con menor inversión por habitante en protección del medio ambiente, de apenas 24€/habitante año en 2019 frente a un promedio de inversión europeo de 40€/habitante (datos Eurostat). Invertimos prácticamente la mitad que la media europea.

Los cambios demográficos y su desagregación territorial, se caracterizan por un imparable crecimiento de la concentración de la población urbana y el envejecimiento de la población, lo que condicionará tanto el diseño de nuestras ciudades (ODS 11 de ciudades y comunidades sostenibles) como la urgente modernización y ampliación de nuestra dotación de infraestructuras de equipamiento público hospitalarias (ODS 3 de salud y bienestar). Y es que somos la tercera economía del mundo en esperanza de vida, con 84 años, y tener el mayor ámbito rural europeo con apenas un 12,7 por 100 de nuestra superficie poblada, frente al 68 por 100 de Francia, 60 por 100 de Alemania o 57 por 100 de Italia.

Debemos actuar en infraestructuras de los equipamientos públicos de salud para resolver nuestro déficit de capacidad hospitalaria asistencial anual en términos de población, que actualmente es un 33 por 100 inferior a la media OCDE, lo que invertir más de 21.000 M€ para incorporar a nuestro sistema nacional de salud 56.000 nuevas camas hospitalarias.

En lo que se refiere al aumento de la concentración de población urbana requiere, en primer lugar, ampliar y mejorar nuestras infraestructuras de transporte público, paralizadas y sin inversiones tras la crisis financiera de 2008, situación que ha generado una cartera de proyectos prioritarios sin realizar con más de 800 km de extensiones de cercanías y metro planificados con anterioridad a la referida crisis que representan más de 30.000 M€ de inversión. Además, debemos resolver un problema de tratar los residuos municipales que generamos, lo que requiere invertir igualmente otros 6.500 M€ en plantas de tratamiento y de valorización energética de residuos urbanos. Nuestro reiterado incumplimiento de la Directiva de depuración junto con el inasumible porcentaje del 60% de residuos urbanos sin tratar, que dobla la media de las economías europeas más desarrolladas, nos sitúan como el país europeo líder en sanciones medioambientales.

La descarbonización de nuestra economía es protagonista de varios ODS como el número 7 de energía asequible y no contaminante. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, PNIEC, prevé más de 124.200 M€ en inversiones a realizar hasta 2030, únicamente en envolventes térmicas y eficiencia energética en el sector residencial y terciario (32.400 M€) y en infraestructura de autoconsumo y almacenamiento (91.765 M€).

Y la transición energética va a influir también en nuestros hábitos de movilidad, constituyendo actualmente una nueva revolución industrial (ODS 9 de industria, innovación e infraestructura), por cuanto implica, entre otros retos, anticipar la adaptación de nuestra red viaria, la cuarta más extensa del mundo por detrás de China, Estados Unidos y Canadá y primera de Europa, a la movilidad eléctrica. Refiriéndome nuevamente al PNIEC, que contempla una muy conservadora previsión de cinco millones de vehículos eléctricos en 2030 frente al 60% de nuestro parque automovilístico estimado por la CE, prevé 9.918 M€ de inversión en infraestructura de recarga. Y ello debe de hacerse a muy corto plazo pues la industria del automóvil, que constituye una parte importante de nuestro tejido industrial y productivo, nos lleva la delantera al considerar que a partir de 2025 la mayoría de fabricantes de automóviles europeos centraran su producción en vehículos eléctricos. Y a ello debemos añadir también el impacto de la tecnología en nuestra movilidad, en lo relativo a la digitalización y conectividad del vehículo y la carretera. La CE estima en 280.000 euros por kilómetro las inversiones a realizar en la digitalización de nuestras vías de alta capacidad, resultando un potencial inversor hasta 2030 de en torno a 5.000 M€.

Y en último lugar debemos referirnos a las infraestructuras logísticas y de transporte de mercancías. En logística, debemos incrementar nuestra cuota modal de transporte de mercancías por ferrocarril, la tercera más reducida de Europa con apenas el 1,6 por 100 del transporte interior, y ello a pesar de ser un modo, por pura física elemental, cinco veces más eficiente que la carretera en términos de energía consumida por unidad de transporte. En este aspecto realizar nuevas conexiones ferro portuarias y adecuar nuestra red ferroviaria convencional al transporte de mercancías con nuevas terminales intermodales logísticas representan más de 7.000 M€ de inversión. Las partidas de inversión anteriores, que no son todas, representan 230.000 M€ con un horizonte de ejecución hasta 2030, lo que constituye un desafío sin precedentes para nuestra economía y bienestar. Nuestra condición de Estado miembro europeo junto a la ineludible consolidación fiscal de nuestras cuentas públicas a partir de 2023, limitará nuestras posibilidades de endeudamiento lo que junto al incremento de gasto público en protección social (pensiones), salud y educación, deja como única alternativa para el cumplimiento de las inversiones en infraestructuras anteriores la recuperación de modelos de colaboración público privada, tal y como se viene realizando en otras economías globales. Para ello, hay que actualizar nuestra regulación, que actúa como barrera desincentivadora para la captación de financiación privada y su asignación a proyectos de concesión.