Una nueva forma de transponer y legislar

Con la crisis del coronavirus la palabra “Europa” vuelve a resurgir con fuerza y desde España todos miramos hacia nuestros socios europeos para ver cómo vamos a hacer frente a las consecuencias económicas de esta enfermedad. Sin embargo, salvo cuando la actualidad manda, en nuestro país se suele prestar muy poca atención a los asuntos relacionados con la Unión Europea.

Así se desconoce que la mayor parte de la legislación española procede de Directivas de la Unión Europea aprobadas por todos los estados miembros y que luego deben aplicarse a los ordenamientos jurídicos de cada país.

Independientemente de la orientación política de los gobiernos que ha habido hasta la fecha en Moncloa, en España las transposiciones se suelen realizar en muchas ocasiones tarde, es decir, fuera de los plazos que marca la Unión Europea, y de forma precipitada.

En este contexto, el próximo 19 de septiembre termina el plazo para que España transponga la Directiva de Comunicación Audiovisual, una normativa que marcará la forma de operar en el ámbito de la comunicación audiovisual.

Quedan pues poco más de dos meses para que concluya el plazo para esa transposición y, por tanto, el tiempo se echa encima. Es cierto que la crisis de salud pública provocada por el coronavirus ha obligado al Gobierno a centrar todos sus esfuerzos en combatirla, dejando en un segundo plano aquellas cuestiones que no eran prioritarias.

Sin embargo, esto no debe ser un argumento para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez vuelva a incurrir en errores del pasado y para ello tiene dos opciones. La primera de ellas es transponer directamente la Directiva a través de un Real Decreto u otra herramienta legislativa que no introduzca cambios en la normativa aprobada por Bruselas con el objetivo de cumplir con el plazo del 19 de septiembre.

Y la segunda opción es aprovechar la Directiva para introducir cambios mediante una modificación de ley. Pero para ello, es necesario escuchar a todos los actores afectados por la Directiva y que ésta se debata en el Congreso de los Diputados. Con esta opción es inviable lógicamente cumplir los plazos, pero estaría más que justificado el retraso en la transposición debido a la crisis del coronavirus.

Lo que desde el punto de vista jurídico, no debería hacer el gobierno es introducir cambios relevantes en la legislación aprovechando la transposición de la Directiva sin escuchar a todos los actores implicados y sin que se debata en el Congreso ya que en este caso, volveríamos a incurrir en errores del pasado incidiendo en una mala práctica jurídica.

Aprovechemos pues la transposición de esta Directiva para demostrar que nos tomamos en serio a la UE y que solo nos acordamos del club comunitario cuando necesitamos ayuda. Y más en el contexto actual en el que España quiere tener un papel relevante en Europa y aspira a presidir uno de los organismos clave como es el Eurogrupo. 

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