La Unión Europea mantiene un firme compromiso con el desarrollo sostenible y con el objetivo de avanzar hacia una economía descarbonizada, y en ese proceso tienen un papel fundamental las empresas. En 2018, la Comisión Europea presentó su Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, cuyo propósito es financiar esa importante transformación, necesaria para frenar el cambio climático y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Cuatro años después, podemos afirmar que la regulación ha contribuido en gran medida a aumentar la relevancia que la gestión de la sostenibilidad tenía en las empresas, convirtiéndose en un activo fundamental si las compañías quieren perdurar en el tiempo.
En esta transición hacia una economía centrada en las personas, el cuidado del planeta y el impacto social y medioambiental, encontramos un elemento que va ser de especial relevancia: la Taxonomía o ‘Taxonomía Verde’, que responde a los compromisos adquiridos por la UE en el Pacto Verde Europeo con vistas a una economía descarbonizada en 2050.
El pasado mes de diciembre, los estados miembros aprobaron el Reglamento Delegado de la Taxonomía UE 2021/2139, que establece los criterios técnicos para determinar qué actividades económicas contribuyen a los objetivos climáticos o los perjudican. Su objetivo es ser un facilitador para aumentar las inversiones sostenibles, aportando claridad a los inversores y al mercado de la financiación verde. En APlanet hemos elaborado una guía introductoria para ayudar a las empresas a comprender su alcance y sus efectos.
Seis objetivos medioambientales de obligado cumplimiento
Este Reglamento obligará a las empresas a analizar si su actividad es sostenible en base al cumplimiento de seis objetivos medioambientales: mitigación del cambio climático; adaptación al cambio climático; uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos; transición hacia una economía circular; prevención y control de la contaminación; y protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas. De este modo, las grandes compañías tendrán que demostrar que cumplen los criterios técnicos aparejados a cada objetivo.
Hasta el momento, la Comisión Europea solo ha fijado los objetivos pertenecientes a la mitigación y adaptación al cambio climático, y se espera que los otros cinco estén listos para finales de año. No obstante, los criterios se agrupan en tres elementos principales: actividades ecológicas, de transición y habilitadoras para evitar el ‘greenwashing’.
El calendario todavía no es definitivo, pero 2022 marcará un antes y un después en la rendición de cuentas de las compañías. Los participantes del mercado financiero (entidades financieras, gestoras o proveedores de planes de pensiones) deberán haber divulgado las actividades que contribuyen sustancialmente a la mitigación y adaptación al cambio climático, y tendrán que emitir un informe que cubra todo el año 2021. Asimismo, a partir de este año, las empresas deberán revelar los porcentajes de facturación, inversión y gastos alineados con la mitigación y adaptación climática.
Taxonomía Social, impacto positivo en las personas
La Taxonomía Verde se complementará también con una Taxonomía Social, cuyo borrador fue presentado el pasado 28 de febrero por el Grupo Técnico de Expertos en Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea. Su objetivo, en este caso, es impulsar las inversiones y los flujos de capital hacia entidades y actividades que mejoran la vida de las personas, que operan con respeto a los derechos humanos en cualquier parte del mundo y que generan un impacto social positivo.
Todavía no hay fecha para su aprobación, pero con la Taxonomía Social las empresas se verán obligadas a detallar de qué manera contribuyen con sus productos y servicios a generar mejoras en la vida de las personas.
Más allá de la normativa, el compromiso
Ambas taxonomías se vincularán con la futura Directiva sobre informes de sostenibilidad de las empresas o CSRD por sus siglas en inglés (Corporate Sustainability Reporting Directive), que ya cuenta con un borrador y está prevista que se apruebe en 2023. A partir de 2024, las empresas tendrán que adaptar sus memorias anuales a unas recomendaciones más exigentes en materia de sostenibilidad, con el foco en la transparencia.
La gestión de la sostenibilidad en las empresas pasa por integrar las cuestiones Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG), y las que lo estén haciendo ya tendrán una ventaja competitiva frente al resto. Porque más allá del cumplimiento de la futura normativa, para la que estarán mejor preparadas cuando llegue el momento, esto les ayudará a generar confianza con el entorno y la sociedad en el que desarrollan su actividad.
En el caso de la Taxonomía Verde, las empresas podrán mostrar su compromiso en la lucha contra el cambio climático y la transición energética hacia una economía descarbonizada, y podrán atraer más fácilmente financiación de los inversores. Por eso, más que una carga burocrática -que puede aliviarse en gran medida utilizando las herramientas tecnológicas adecuadas para simplificar su gestión-, es una oportunidad que las compañías no pueden desaprovechar y que redundará en su compromiso con el cuidado del planeta.
