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Mª del Rosario Maldonado

Responsable de comunicación de FUNDACIÓN JUAN XXIII

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, recoge en su artículo 2, apartado 1, que “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”. No obstante, la búsqueda de un empleo indefinido, estable y correctamente remunerado se presenta como uno de los desafíos más complejos a los que se enfrenta gran parte de la población española. Un reto que, además, se ve multiplicado en el caso, sin ir más lejos, de las mujeres o de las personas con discapacidad.

En este último caso, según los datos recogidos en el informe anual del INE sobre el empleo de las personas con discapacidad de 2019, la tasa de empleo de estas personas fue del 25,9%, frente a un 66,9% para las personas sin discapacidad. Asimismo, a esta situación se ve agravada cuando se añaden otros factores que también puedan actuar como “de exclusión”, como pueden ser el género, la edad o el origen étnico, que repercuten a su vez negativamente sobre el colectivo. 

En el caso de las mujeres con discapacidad esta marginación es mucho más evidente: su discapacidad, sumada a su condición de mujer, pone en evidencia la doble discriminación que sufren estas personas en nuestro país. El Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE-ODISMET (2021) señala que el 66,7% de las mujeres con discapacidad en edad de trabajar se encuentran inactivas frente al 23,3% de las personas sin discapacidad. 

Además, esta discriminación no se limita simplemente al acceso al empleo, sino que también repercute sobre la precariedad de los puestos en los que trabajan y en la remuneración percibida. Según el Observatorio, el salario medio bruto anual de este colectivo es 3.389,6 euros inferior al que perciben los hombres con discapacidad y 6.183,3 euros de las personas sin discapacidad. Estas situaciones tienen un impacto directo en la falta de independencia económica, libertad y de riesgo de pobreza y exclusión social del colectivo.

Pese a que en los últimos años se hayan llevado a cabo proyectos de integración y de mejora de las condiciones laborales de este colectivo, estos datos dejan en evidencia que las mujeres con discapacidad siguen requiriendo de un gran apoyo parte tanto de las instituciones públicas como por parte de las empresas. 

Afortunadamente, organismos como FUNDACIÓN JUAN XXIII trabajan día a día por la inclusión sociolaboral de mujeres con discapacidad a través de diferentes programas de formación que promueven la activación para el empleo estable y ayudan a abrir las puertas del futuro laboral a estas personas. Todos ellos tienen como objetivo proveer a estas personas de los apoyos necesarios de orientación y acompañamiento para facilitarles su adaptación social y laboral al puesto de trabajo. Las propuestas ofrecidas abarcan las distintas áreas de la sociedad dándoles la posibilidad de elegir el área de formación que más llame su atención, yendo desde la alfabetización digital hasta la instrucción en actividades auxiliares en agricultura ecológica, entre otras. 

Sin embargo, para que realmente exista una igualdad de oportunidades real para este tipo de colectivos es indispensable que la sociedad contemple las necesidades de todas las personas. A su vez, se requiere el compromiso del tejido empresarial e institucional. Pues, el acceso de las mujeres con discapacidad al empleo es el medio a través del cual estas podrán alcanzar su independencia económica, lo que contribuirá al acceso a espacios, productos y servicios en igualdad de condiciones que el resto de las personas.