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José David Fernández

Director de JDF

El pasado martes 22 de febrero el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros al mes, lo que supone un incremento de 35 euros con respecto al SMI vigente. Este aumento del 3,63%, fruto del acuerdo entre la vicepresidenta segunda, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de CC.OO. y UGT, busca beneficiar a casi dos millones de trabajadores, entre los que destacan mujeres y jóvenes.

Según los datos de la Oficina Europea de Estadística, Eurostat, este aumento ayuda a España a mantener la séptima posición del ranking de países europeos con el salario mínimo más alto, por detrás de países como Francia, Países Bajos o Luxemburgo. No obstante, este cambio en la cuantía retributiva mínima, lejos de nacer en un clima de conformidad, ha generado diversidad de pensamientos entre los que destacan las opiniones en contra de las pequeñas empresas y los empleadores autónomos. Las críticas han insistido, sobre todo, en la imposibilidad económica de estos para hacer frente al incremento de los salarios, de las cotizaciones de sus trabajadores y el de su propia cotización como autónomos. Asimismo, se quejan de los pasivos que tienen que hacer frente las empresas con los despidos.

Por otra parte, como ya sucedió con el anterior aumento del SMI, destaca la opinión en contra de la Confederación General de las Pequeñas y Medianas Empresas (Cepyme) y de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), quienes señalan que este coste adicional para los empresarios tendrá un impacto negativo sobre la sociedad, la economía y el empleo de nuestro país, llegando incluso a contraerlo. Uno de los últimos informes publicados por el Banco de España establece que la subida del 22 % en el SMI en 2019 causó la pérdida o impidió la creación de entre un 0,6 % y un 1,1 % de nuevos empleos.

Sin embargo, y contrariamente a lo que se pueda llegar a creer, esta situación genera dos escenarios antagonistas: a la vez que las pequeñas empresas se ven entorpecidas por este cambio, llegando, incluso, a verse en la obligación de despedir a personal o cerrar su negocio, las grandes empresas experimentan grandes saltos de productividad durante estos periodos. ¿Son el tamaño de estas grandes empresas y su músculo financiero los motivos por los cuales que resisten a este tipo de circunstancias? 

A lo largo del tiempo, han sido diversos los autores que han intentado explicar que las razones por las cuales las grandes empresas resisten mejor a los cambios van mucho más allá de los recursos económicos de los que estas disponen. Mientras que las pequeñas empresas son mucho más rígidas y tienden a caracterizarse por su gestión poco profesionalizada y su incapacidad de amoldarse a los cambios, las grandes empresas se distinguen de estas últimas por su gran capacidad de desarrollar estrategias adaptativas y de reorganización. 

Por otra parte, otro de los elementos más cruciales en el éxito de un negocio, y que, por ende, ayudan a su crecimiento, es la capacidad que tienen las empresas para generar valor añadido para sus clientes. Este aspecto diferenciador es fundamental en situaciones críticas, como en este caso la subida del SMI, y distingue a los buenos de los malos negocios: si el incremento de esta cuantía afecta a una empresa es porque su margen de ganancia es escaso y, por lo tanto, porque se crea muy poco valor añadido para el cliente.

Según un estudio llevado a cabo por el Instituto Nacional de Investigación Económica y Social (NIESR) y el Centro de Macroeconomía británicos, Rebecca Riley y Chiara Rosazza, autoras del mismo, apuntan que el incremento del salario mínimo interprofesional estimula el uso eficiente de los recursos disponibles por parte de las empresas. “Este cambio consistente con cambios organizativos, el entrenamiento y la mayor eficiencia en la asignación de salarios ante el aumento de los costes por SMI”. De esta afirmación subyace que solamente aquellas compañías capacitas para adaptar su gestión y eficiencia interna a los cambios, como es el caso del incremento del SMI, resisten.

A través de este enfoque es sencillo anticipar que las pequeñas y medianas empresas de nuestro país serán quienes sufran las peores consecuencias de esta subida debido, principalmente, a la falta de profesionalización en la gestión de su negocio. Esto último deja entrever la necesidad que existe en España de instrucción por parte de profesionales del sector empresarial.