Claves para entender el conflicto del taxi y los VTC

TAXI BARCELONA
Aunque el conflicto del taxi con los vehículos de transporte con conductor (VTC) se originó con la llegada de las apps de movilidad en los móviles inteligentes, ha sido este mes de enero cuando ha colapsado e implosionado. David contra Goliat. O mejor dicho, la tradición versus la modernidad implacable. ¿Quién se llevará el gato al agua?

 

Los taxistas, en su mayoría autónomos, forman un gremio muy unido y compacto. Su reivindicación principal se basa en que el sector del taxi está regulado por la administración pública, dado que es un servicio considerado básico para la sociedad; en cambio, Cabify y Uber han acaparado la mayor parte de licencias VTC y dan servicio sin una regulación clara. Cabify y Uber compiten de forma libre, con unos precios que pueden adaptar a la demanda y ofrecer ofertas, mientras los taxistas deben ceñirse a un precio regulado sin posibilidad de ofrecer precios bajos. Ante esta situación, los taxistas consideran que las VTC actúan como competidores de forma desleal. 

Asimismo, los taxistas claman que se han hipotecado de por vida para pagar la totalidad de unas licencias de taxi que tienen un coste cifrado entre 130.000 y 180.000 euros cada una. Aunque cabe señalar que una licencia real tendría un coste administrativo de 2.500 euros de forma aproximada, la gran demanda de licencias y su compra-venta por los propios taxistas ha provocado que alcancen un valor unitario prohibitivo. 

Los taxistas claman que se han hipotecado de por vida para pagar la totalidad de unas licencias de taxi que tienen un coste cifrado entre 130.000 y 180.000 euros cada una.

Por su lado, las licencias VTC se despacharon inicialmente a precios irrisorios de tan solo 32 euros cada una, por lo que empresarios y emprendedores avispados, ante el avance tecnológico que ofrecían los móviles, las adquirieron a granel con la previsión de obtener enormes ganancias futuras al revenderlas - su coste actual ronda los 5.000 euros cada una - o bien usarlas para dar servicio a usuarios, como hacen Uber y Cabify.

¿Cómo solucionar este desaguisado para contentar a ambas partes y no privar al consumidor de dos opciones de movilidad complementarias? Cuando en verano de 2018, los taxistas se plantaron con una semana de huelga colapsando las principales arterias de Madrid y Barcelona, el gobierno de Pedro Sánchez decidió traspasar la responsabilidad a los gobiernos autonómicos. De este modo, en Cataluña, el gobierno de Joaquim Torra ha aprobado una nueva legislación en tiempo récord para limitar a quince minutos el tiempo mínimo para solicitar un VTC, pero la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, lo ha ampliado a una hora. Según el sector, esta regulación supone su acta de defunción en Cataluña y enviar al paro a 2.000 personas ante la imposibilidad de que sea rentable operar en la ciudad condal. Uber y Cabify han anunciado, de hecho, que dejan de operar en la ciudad condal. 

¿Y en Madrid? El gobierno de Ángel Garrido propone limitar a los VTC mediante la distancia al usuario, es decir, que una persona no pueda contratar un VTC a menos de 500 metros. Esta solución ha puesto en pie de guerra al sector del taxi en Madrid, que ya intentó colapsar la ciudad durante la feria más importante que acoge la capital, Fitur, y prosigue ahora colapsando las principales vías como la Castellana. Exigen, como en Cataluña, que estos servicios se contraten con una antelación mínima de una hora y para trayectos de al menos cinco kilómetros por servicio. Garrido ya ha descartado esta regulación “radical”, en sus propias palabras. 

Habrá que ver cómo termina el conflicto y qué solución acaba imponiéndose, si la más restrictiva para los VTC impulsada por Colau, o la más liberal personificada en Garrido. Lo que parece claro es que el conflicto no se extinguirá tampoco en esta ocasión. Las empresas que operan en el sector VTC pueden iniciar acciones legales y demandar la mediación de la Unión Europea. Los taxistas, por su parte, anuncian seguir con sus acciones de forma indefinida hasta lograr una regulación justa para el sector en todas las capitales españolas. 
 

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