Nunca los números son tan elocuentes como en un proyecto de Presupuestos del Estado. Sus partidas y magnitudes, con sus previsiones de ingresos y gastos, constituyen una herramienta fundamental para intervenir en el ciclo económico. De ahí que su presentación y posterior tramitación parlamentaria constituya cada año un acontecimiento del máximo interés económico y político. Este año, de nuevo, se ha cumplido la previsión. El hecho de que la economía española se encuentre en una fase de desaceleración —si bien mantiene el crecimiento— ha suscitado numerosos análisis con el fin de determinar si estas cuentas públicas son las que necesita nuestra economía en esta coyuntura.
Si realizamos el ejercicio de análisis en lo que se refiere al sector exportador, que es el que nos compete, lo primero que tenemos que decir es que, tras haber sido el principal motor de la economía española en los últimos años, los datos de 2018 han supuesto un preocupante punto de inflexión. Las exportaciones han caído en noviembre y en el periodo enero-noviembre de 2018 han crecido apenas un 3,4 %, esto es, a un ritmo casi tres veces menor a como lo hacían hace solo doce meses. Las principales economías de nuestro entorno están aumentando en mayor medida sus exportaciones, como Francia (+4,2 %), Alemania (+3,7 %) o el Reino Unido (+7,4 %).
Ante este panorama, lo que necesitan las empresas exportadoras sería un impulso que les hiciese ganar competitividad en el contexto internacional. Pero, desgraciadamente, las medidas fiscales y regulatorias que incluye el proyecto de Presupuestos de 2019 no apuntan en esta dirección. Ocurre, por ejemplo, con el gravamen fijado a los dividendos y plusvalías obtenidos por las empresas a través de sus filiales en el exterior, el aumento de las bases de cotización a la Seguridad Social y del salario mínimo interprofesional, así como la implantación de un tipo mínimo del 15 % en el impuesto de sociedades para grandes compañías y del 18% para la banca y las empresas de hidrocarburos.
Además, el Gobierno ha aprovechado el proyecto de Presupuestos para transponer determinadas directivas europeas en materia fiscal, adoptando —dentro de los márgenes admitidos por la Comisión— las opciones más gravosas para nuestras empresas.
En consecuencia, el proyecto de Presupuestos de 2019 nos genera preocupación, pues entendemos que supondrá un aumento de costes para las empresas que, en modo alguno, contribuirá a mejorar la competitividad internacional de la economía española. Más bien, todo lo contrario.
Creemos que lo que España necesita en estos momentos es reforzar la capacidad y pujanza de su tejido productivo para continuar elevando su cuota de exportación y, con ello, contribuir al crecimiento económico y la generación de empleo en nuestro país, máxime cuando el panorama internacional presenta no pocas incertidumbres, como el brexit o el avance del proteccionismo comercial. Todo ello augura, desgraciadamente, un menor ritmo de crecimiento del comercio mundial en los próximos trimestres.
Respecto al impuesto de sociedades, la tendencia que se observa entre los países más competitivos del mundo apunta hacia su minoración, como ponen de manifiesto los datos de la OCDE. De hecho, Estados Unidos, Francia o el Reino Unido han aplicado o tienen previsto aplicar rebajas en el impuesto de sociedades, favoreciendo así la competitividad internacional de sus empresas.
Ayudar a que las empresas sean más competitivas en el exterior pasa, a nuestro juicio, por diseñar marcos fiscales más competitivos y por quitar barreras legales que entorpecen que las empresas ganen tamaño, un factor que es fundamental para salir al exterior, como lo es la innovación, la imagen de marca o el acceso en buenas condiciones a esquemas de financiación y de cobertura de riesgos de las operaciones.
