Madrid, 10 jun (EFE).- El decreto, aprobado por el Gobierno el pasado 28 de mayo, amplía el límite para otorgar avales establecido en los Presupuestos Generales del Estado, para que España pueda aportar 53.900 millones de euros, de un total de 440.000 millones.

De esta forma, el Estado podrá avalar las operaciones de financiación que realice la sociedad denominada "Facilidad europea de estabilización financiera" desde su entrada en vigor y hasta finales de 2013.

Para la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, la actual volatilidad e incertidumbre que imperan en los mercados financieros requiere la aplicación de medidas urgentes que permitan restablecer la confianza de los agentes financieros en las economías de la Eurozona.

En el caso de no tomar estas medidas, advirtió en su intervención en el pleno, aumentaría todavía más el riesgo soberano, con el consiguiente impacto en la capacidad de los estados miembros y de sus empresas y en la moneda común.

El reparto de este mecanismo, en el que a España le toca un 12,24%, explicó, sigue una lógica similar a la de la participación de los estados en el rescate de Grecia, aunque mediante avales con el 120% de garantía, en lugar de préstamos.

Según Salgado, el Consejo de Gobierno de la gestora lo integrarán 16 directores -uno por cada estado firmante del acuerdo- que tomarán todas las decisiones por unanimidad y uno de ellos ya elegido, pero cuyo nombre no dio, será el máximo responsable.

El decreto sólo contó con el rechazo del BNG y de IU, y el diputado de este último partido, Gaspar Llamazares, explicó que su grupo no cree en que este instrumento sirva para mejorar la coordinación ni la gobernanza de la UE y criticó la intervención del FMI en el proceso.

No hay coordinación, sino subordinación, dijo, al tiempo que recordó que este tipo de políticas "dogmáticas" de "enfriamiento económico y la prioridad del déficit público" son las mismas que contribuyeron al empobrecimiento de América Latina hace décadas, por lo que IU no puede apoyar "esta política ni este vehículo".

El portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, lamentó pese al voto a favor de su partido que este tipo de procedimientos "no aportan confianza a los mercados financieros", puesto que en los últimos días ha aumentado la diferencia entre la deuda soberana de los estados del euro, lo que está debilitando al euro.

Montoro criticó que el Gobierno se está limitando a poner parches y no está contribuyendo a la salida de la crisis, como se ha visto con los recortes a funcionarios y pensionistas, que una vez aprobados, no se ha solucionado nada, ya que los mercados siguen desconfiando más, si cabe, porque el Gobierno "no tiene credibilidad".

El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez-Llibre, explicó que el voto a favor de su grupo se debe a que el fondo permitirá cubrir alguna insolvencia de los Estados miembros "que se pueda producir en meses posteriores a su aprobación" aunque advirtió al Gobierno de que esta nueva aportación "afectará casi letalmente" a las cuentas del Estado.

Por su parte, Pedro Azpiazu, del PNV, que también votó a favor, explicó que la UE debe seguir avanzando en el objetivo de la gobernanza económica y la coordinación para garantizar un euro fuerte y advirtió que en caso contrario, "echaremos por tierra, la unión monetaria y política".

Desde ERC, Joan Ridao explicó que su grupo votó a favor porque comparte con el Gobierno el objetivo de la estabilidad del euro, y para ayudar a "reducir los ataques de los mercados de los que somos objeto", aunque lamentó que la Presidencia española de la UE será recordada por haber estado "a punto de liquidar la moneda única".

Por el PSOE, Marta Gastón reprochó duramente al PP sus constantes críticas y le insistió en que el origen de la crisis fue "el mal funcionamiento de los mercados, las políticas neoliberales y los especuladores", por lo que no toda la culpa es del Gobierno actual.