Washington, 8 jun (EFE).- "Desafortunadamente el sistema de pensiones contributivas sólo es posible para personas que están en el sector formal", dijo a Efe Helena Ribe, coautora del informe "Hacia una protección social eficaz para todos en América Latina y el Caribe" divulgado hoy.

Ribe subrayó que como el sector informal es "tan alto", en América Latina hay muchas personas que "no tienen esa oportunidad" de contribuir a través del sistema.

Lo que el informe indica es que sería "ideal" que los países en Latinoamérica abrieran la posibilidad de contribuir a través del sistema a aquellos que no forman parte de la economía formal y a los trabajadores "independientes" o autónomos.

Ribe reconoce que no se trata de algo fácil y que las reformas implicarían un compromiso político y la capacidad institucional para llevarlo a cabo.

Aun así, insiste en que un sistema de ese tipo, que garantizara también una pensión mínima a las personas más pobres, ayudaría a mejorar la situación social en la que sigue siendo la región más desigual del mundo.

Mencionó que uno de los motivos que con frecuencia se menciona para no poner en marcha un sistema de ese tipo es que resulta difícil definir el nivel de ingreso del trabajador informal o independiente.
"Esa es la razón que se da muchas veces para no tener un sistema de este tipo (...) pero se puede definir un nivel de ingreso promedio que se puede considerar el conveniente", afirmó la autora.

Añadió que se trata de "un principio de solidaridad" que implica un compromiso fiscal y que llevará tiempo pero que permitiría a todos tener "una vejez digna".

El informe hace hincapié también en las ventajas de programas de asistencia social como Bolsa Familia en Brasil y Oportunidades en México, que han logrado con un desembolso público relativamente bajo, reducir la pobreza y la desigualdad.

Esos programas vinculan la ayuda al cumplimiento de ciertos objetivos como la asistencia escolar y la vacunación de los niños de las familias que participan en los programas.
"El costo es del 0,5 o del 0,6 del Producto Interior Bruto a pesar de que cubren una cantidad de población muy grande", afirma la coautora del informe sobre los programas de transferencias condicionadas.

En su opinión, se trata simplemente de una cuestión de establecer "prioridades" en el gasto público, "si se le da prioridad a los subsidios de energía o transporte u otras cosas o se dedican a programas de esta naturaleza".