NUEVA YORK y ESTRASBURGO, Francia, March 11, 2010/PRNewswire/ -- El control del Primer Ministro Silvio Berlusconi sobre las emisiones de televisión en Italia va contra los estándares democráticos europeos, según ha argumentado la Open Society Justice Initiative en un breve comunicado emitido hoy al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A la cadena italiana que ha interpuesto la demanda, Centro Europa 7 s.r.l., se le ha denegado el acceso a las emisiones durante cerca de una década.

"Este caso destaca los fallos de los sucesivos gobiernos italianos en relación a hacer frente a los problemas dobles de concentración del control y conflicto de intereses en las emisiones", indicó James A. Goldston, director ejecutivo de la Open Society Justice Initiative. "La situación en Italia es inaceptable para una democracia, y solicitamos al Tribunal Europeo que mantenga los principios del pluralismo en los medios".

En 1999, las autoridades de Italia concedieron a Centro Europa 7 una licencia para llevar a cabo operaciones como cadena de televisión nacional, pero no consiguieron ofrecer una frecuencia operativa real hasta diciembre de 2008. La frecuencia debía haber sido renunciada según la normativa nacional antimonopolio por parte de Mediaset Group, la compañía privada de emisión dominante italiana. Mediaset explota los tres canales de televisión privados más importantes del país, y está controlada por las familia Berlusconi.

"Italia dispone de la propiedad de televisión más concentrada de Europa", comentó Goldston. "Esta falta de diversidad puede sofocar un debate y limitar el acceso público a la información y perspectiva crítica".

Como responsable del gobierno, Berlusconi tiene autoridad directa frente al emisor de los servicios públicos de propiedad estatal italiana, Radiotelevisione Italiana (RAI). De forma conjunta, Mediaset y RAI controlan cerca del 90% de la audiencia y las cuotas de ingresos de publicidad a nivel nacional. Centro Europa 7 reivindica que la frecuencia concedida finalmente en 2008 fue extrapolada con dificultad de las frecuencias existentes de RAI, y que no sirve para las operaciones de una red de televisión nacional en Italia.

En 2004, tanto el Concilio de Europa como el Parlamento Europeo condenaron el conflicto de intereses abierto entre los intereses de los medios de Berlusconi y su responsabilidad política cuando estaba en el gobierno, a pesar de que la situación persiste. El actual gobierno ha sido acusado de forma repetida de interferencia partisana con las elecciones editoriales de RAI.

La Iniciativa de Justicia ha intervenido en este caso como tercera parte independiente que actúa para los intereses públicos.

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