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Última actualización 02/05/2012@10:08:20 GMT+2
Tras recibir los Planes de Reequilibrio, el Gobierno los revisará y debatirá cada uno de ellos, junto a las Comunidades Autónomas, en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, para aprobarlos o rechazarlos
La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que entró en vigor el 1 de mayo, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), convierte a España en el país más avanzado de Europa al establecer el principio de estabilidad presupuestaria en su ordenamiento jurídico para todas y cada una de las administraciones y empresas públicas.

El Gobierno asume su responsabilidad constitucional de coordinar la política económica del conjunto de las Administraciones Públicas con esta Ley, la primera que aprueban las Cortes Generales en esta Legislatura. Además, durante su trámite parlamentario ha incorporado el respaldo de los grupos nacionalistas, así como el apoyo de todas las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.

Según la Secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, "el principal problema de la economía española es su financiación y, por ello, las Administraciones Públicas deben corregir cuánto antes sus desequilibrios para así permitir y dejar espacios a la financiación de los emprendedores".

Para el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, "este Gobierno, desde el principio, ha dicho que no va a dejar caer ninguna comunidad porque todos somos Estado, y ha tomado muy destacadas medidas para darles liquidez: ha adelantado los pagos a cuenta, ha diferido en 10 años las devoluciones y ha establecido un mecanismo sin precedente de pago a proveedores de las administraciones territoriales".

Todas las Administraciones tienen que cumplir

Con la entrada en vigor de la Ley de Estabilidad, esta será la norma con la que tendrán que ser examinados en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera las correcciones y justificaciones de los Planes Económico Financieros de Reequilibrio en los que la Comunidades Autónomas tienen que especificar cómo van a cumplir con el objetivo de déficit del 1,5% previsto en 2012.

Se trata de una reelaboración, porque cuando remitieron las primeras versiones de estos planes en los meses de febrero y marzo se desconocían muchos de los datos definitivos que deben figurar en los mismos. Además, en algunos casos se siguieron en parte algunas de las estimaciones ficticias que hizo el Gobierno anterior al no presentar unos Presupuestos Generales.

Con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, este Gobierno ya ha dado a las Comunidades Autónomas las cifras reales de ingresos que recibirán en 2012 por transferencias del Estado, y los Planes Económico Financieros de Reequilibrio se tienen que elaborar conforme a las previsiones reales de ingresos.
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