Última actualización 04/04/2012@08:48:26 GMT+2
La diputada delegada de Economía, Inmaculada Hernández, denuncia la “estrategia de confrontación” que ha inaugurado el Gobierno andaluz tras las últimas elecciones y en vísperas de un posible pacto con Izquierda Unida para que el PSOE siga en el poder en la comunidad autónoma.
La diputada delegada de Economía, Inmaculada Hernández, ha denunciado la retención de casi 9 millones de euros "de forma totalmente injustificada, sin preaviso ni notificación alguna" por parte de la Junta de Andalucía a la Diputación Provincial de Granada. Son fondos de la denominada Participación en los Ingresos del Estado (PIE) que, como más tarde el día 30 de cada mes, están en poder de la institución provincial que paga con ellos sus principales facturas y proyectos así como las nóminas de sus trabajadores. Tras la orden dada por la Junta, pocos días después de las últimas elecciones autonómicas, el dinero "ni está aquí ni se le espera", según ha señalado Inmaculada Hernández.
"Estamos ante un intento claro de bloquear la gestión del Partido Popular en la Diputación Provincial de Granada toda vez que nuestro presupuesto, la herramienta que plasma nuestras políticas, se financia, en la mayor medida con la PIE ya que la Diputación por sí sola no genera riqueza" y si "el Estado nos paga el dinero pero la Junta nos lo retiene, estamos totalmente noqueados, y las tensiones de Tesorería que nos están causando son bastante importantes", ha explicado Inmaculada Hernández en rueda de prensa.
"Empieza la estrategia de confrontación con la Diputación de Granada del Gobierno de los pactos entre Izquierda Unida y el PSOE", ha lamentado la diputada de Economía.
Ante este caso "de deslealtad institucional e incluso de negligencia", Hernández ha aseverado que "nos preocupa que éste sea el nuevo modelo de relación entre la Junta y la Diputación" a lo que hay que sumar el impago por parte de la Junta de impuestos de los que es sujeto pasivo como el IBI de sus edificios; la negativa a abonar a los ayuntamientos los impuestos por Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES) como pantanos; o la no financiación de las políticas de dependencia para las que la Diputación sigue teniendo que adelantar el dinero para que los municipios no se vean desasistidos.
La Junta ha justificado la retención de estos nueve millones de euros en una deuda pendiente de 200.000 euros por una subvención de Guadalinfo. Esta deuda no es tal ya que el reintegro fue efectuado en noviembre de 2009. "Encima se inventan deudas inexistentes para cubrir su expediente", ha resumido Inmaculada Hernández quien ha apelado a la lealtad institucional pues "una vez más se está maltratando a la provincia de Granada" y "se está quitando a los granadinos lo que por derecho les corresponde"
El PSOE "como no puede retener desde el Gobierno central las transferencias y no gobierna en la Diputación ni en los ayuntamientos, lo que está realizando es una tarea de oposición a través de la Junta de Andalucía", ha señalado la diputada.
Sobre las consecuencias de esta retención y "para que nunca peligre el pago de las nóminas de los trabajadores, hemos concertado una operación de crédito desde la Agencia Provincial de Administración Tributaria (APAT) de 40 millones de euros y, a su vez, vamos a concertar una operación de crédito desde la Diputación de 24 millones de euros para tener garantizada la liquidez suficiente para que los trabajadores siempre cobren y nunca esté en peligro el pago de sus nóminas".
Estas operaciones de Tesorería se han vuelto imprescindibles ahora con la retención de la PIE que es fuente de financiación principal de la Diputación de Granada ya que, aunque la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) estipula que las instituciones provinciales participen de los ingresos de la Junta de Andalucía, la administración autonómica "nunca ingresa nada" en una situación que empeora las ya de por sí mermadas arcas provinciales.