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Economía

OCDE-COMPETENCIA

Última actualización 18/02/2010@04:53:55 GMT+2
La crisis económica obligó a la concesión generalizada de ayudas públicas cuya retirada progresiva deben planear ahora los gobiernos, pidió hoy el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, en un foro sobre política de competencia en París.
El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría. EFE/Archivo
París, 18 feb (EFE).- El desafío para los estados que dieron esas ayudas es "definir un proceso para la retirada a tiempo de las medidas generalizadas de ayuda estatal debido a la crisis", precisó Gurría, que alertó de que las subvenciones no deben convertirse en "medidas proteccionistas a largo plazo".

Las economías de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han empleado esos instrumentos de apoyo para salir de "la peor crisis económico-financiera de nuestras vidas", admitió Gurría, que recordó que ésta sucedió por "un fallo del marco regulatorio".

Por eso, Gurría pidió a los representantes del "club de los países ricos" que se trabaje para conseguir un "marco coherente y claro que promueva la recuperación económica".

Las palabras del secretario general de la OCDE abrieron el Foro Mundial sobre Competitividad, cuyos participantes debaten hoy a puerta cerrada asuntos relacionados con el reforzamiento de la política de competencia.

Gurría pidió un "esfuerzo concertado global para promover la competitividad de los mercados", porque serán éstos, dijo, "quienes sustenten la recuperación de la crisis".

El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, presente en la apertura del Foro, admitió por su parte que los subsidios "son desde luego un instrumento esencial para los gobiernos y para quienes toman decisiones".
"Se reconoce ampliamente que el dinero que los gobiernos dieron o comprometieron en apoyo de las instituciones financieras evitó un colapso catastrófico del sistema bancario global", reconoció el comisario.

Pero también aseguró que precisamente la existencia de un marco regulatorio dentro de la Unión Europea evitó que la aportación de esas ayudas durante la crisis se haya convertido en "una carrera" entre Estados para apoyar a su banca.
"Evitó una costosa y dañina carrera de ayudas entre los Estados miembros, cada uno de ellos intentando superar al otro en un intento de evitar que las empresas se marcharan fuera", precisó Almunia.

La normativa vigente en los Veintisiete ha minimizado además "las distorsiones de la competencia procedentes de los rescates gubernamentales a gran escala para las instituciones financieras", agregó el también vicepresidente del Ejecutivo comunitario.

Almunia explicó que las ayudas estatales dentro de la Unión sólo correspondieron a algo más del 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB) comunitario durante el período 2004-2008, "excluidas las medidas destinadas a abordar la crisis económica y financiera", precisó.
"A largo plazo, las ayudas están en una senda descendente, ya que están por debajo del 1% del PIB de la UE de la década de los noventa", agregó el comisario.

Y sobre las ayudas públicas durante la crisis, Almunia se mostró convencido de que "la temprana intervención de la Comisión Europea ayudó a garantizar que hubiera un acercamiento común por parte de los estados miembros en los rescates al sector financiero".
"Puede que aprobaran medidas diferentes -las que consideraron que eran mejores para la situación de sus respectivos mercados- (...) pero la Comisión Europea exigió que todas ellas cumplieran con ciertos principios fundamentales".

Los debates que se celebran en la sede de la OCDE abordan hoy intercambios técnicos que afectan, entre otros asuntos, a la propia consideración o no de ayudas de los apoyos públicos recibidos por las instituciones financieras durante la crisis.

Uno de los documentos de trabajo del Foro se hace eco de la diferente consideración metodológica que pueden tener las garantías aportadas a los bancos cuando éstos no llegan a utilizarlas, circunstancia en la cual podrían no computarse como ayudas.

Y eso, a diferencia, de "la práctica reciente de la Comisión Europea en el contexto de la crisis financiera (que consiste en que) cuando un Gobierno aporta una garantía, la cuantía de la ayuda se calcula como igual a la cantidad de esa garantía", según el documento.
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