Durante tres días, representantes de Estados europeos y latinoamericanos y de organizaciones internacionales analizaron la situación del trabajo juvenil en esas regiones geográficas y elaboraron una serie de conclusiones y recomendaciones que irán a la VI Cumbre de la ALC-UE, que se celebrará en Madrid en mayo. El jefe de la Delegación de la UE en Perú, Hans Allden, explicó a Efe que es necesario buscar vías legales para fomentar la formación, la educación y el empleo de los jóvenes en el extranjero, ya que, en su opinión, el objetivo a largo plazo es mejorar la flexibilidad de los trabajadores en una economía globalizada. Tras la aprobación ayer de la nueva Comisión Europea ante la Eurocámara, el diplomático destacó que entre los nuevos objetivos que se presentan está la distinción "clara" entre el intercambio legal o ilegal de estudiantes, siempre y cuando se evite la "fuga de cerebros" de los países en desarrollo. Durante el acto de clausura, el director general de Empleo de la Comisión Europea, Xavier Prats, señaló que el foro ha servido para llevar el diálogo de los participantes a lo concreto. Por su parte, la ministra de Trabajo de Perú, Manuela García, subrayó que los países de América Latina, el Caribe y la UE tienen problemas muy diversos y complejos, si bien coincidieron en la necesidad de luchar contra la economía sumergida y la precariedad laboral de los jóvenes. En concordancia con las sugerencias del foro, García abogó por concentrar los esfuerzos de los poderes públicos y los actores sociales. El documento final recoge la necesidad de estimular la inserción laboral de los jóvenes en empleos decentes mediante incentivos a la contratación y a las políticas activas para mejorar tanto su acceso al trabajo como su iniciativa emprendedora. También se considera esencial incentivar el uso de modalidades formativas laborales, extender en número y efectividad de los programas de prácticas formativas o de aprendizaje, fomentar el trabajo formal y reducir la discriminación en el trabajo. Asimismo, el foro llegó a la conclusión de que los sistemas de educación y de formación profesional deben ofrecer a los jóvenes unas capacidades adecuadas a las necesidades del mercado de trabajo. Entre las acciones recomendadas, se incluyen la recompensa a la excelencia estudiantil mediante becas de estudios o la cooperación entre centros de formación y empresas.