Así se recoge en el recurso de inconstitucional que el Ejecutivo presentó hoy en el Tribunal Constitucional, en el que denuncia como "inconstitucionales" diez artículos de la norma gallega. Entre esos artículos destaca el que exige la autorización de la Consejería que proceda para adoptar medidas estatales cuando los recursos propios de una caja sean insuficientes para garantizar la solvencia de ésta. Además, otro otorga al Gobierno gallego potestad para designar directamente a una cuarta parte de las entidades representativas en las diferentes asambleas de las cajas. Otros artículos que se extralimitan en la competencia de la comunidad autónoma, según el Ejecutivo, atañen a la representación de corporaciones municipales, entidades de interés general, sindicatos e impositores en el Consejo de Administración de la caja.