Sevilla, 2 jul (EFE).- La regidora ha efectuado esta afirmación en la clausura de la reunión intermunicipal que los populares han celebrado en Sevilla, durante la que ha reclamado, además, la definición de las competencias de los consistorios y un nuevo modelo de financiación local.

Son tareas que, ha asegurado, no podrá hacer el Gobierno actual y que, por tanto, deberá acometer el próximo Ejecutivo, el que lidere Mariano Rajoy.

La alcaldesa valenciana ha dejado claro que con estas demandas no está pidiendo que los ayuntamientos puedan gastar más, sino que puedan reequilibrar sus competencias y sus balances financieros, por cuanto "lo primero es salir de la crisis", pero no a riesgo de que "los entes locales se conviertan en los paganos".

Tras defender la importancia de los consistorios como vertebradores de España, Barberá ha exigido que no haya más parches para ocultar la, en muchos casos, grave situación económica de bastantes ayuntamientos.

A su juicio, el equipo de José Luis Rodríguez Zapatero se ha dedicado a sobrellevar las dificultades de las corporaciones locales con "sobresaltos e improvisaciones que aparecen y desaparecen".

En esa línea ha incluido la apertura de la línea ICO que ayer aprobó el Consejo de Ministros.

Para la alcaldesa de Valencia, la medida es consecuencia de los "sobresaltos" a los que hizo referencia antes, pues la anunció Zapatero en el debate sobre el estado de la nación, la rechazó el grupo socialista en el Congreso sólo porque provenía de una resolución del PP y al final la dio forma, ayer, el Consejo de Ministros.

La medida, en definitiva, llega "dos años tarde", y llega "mal", pero como quiera que ayuda a las pymes, "bienvenida sea", ha argumentado Barberá.

Estas palabras de la regidora las comparten muchos otros alcaldes del PP, en especial los de las capitales de provincia.

Los argumentos que esgrimen, según han apuntado a Efe, son muy similares: aunque con demora, la medida permitirá que se pueda pagar a los acreedores, especialmente a aquellas pymes casi al borde del cierre por no recibir los pagos de la administración local.