Madrid, 22 mar (EFE).- En un comunicado, el PP explica que en los presupuestos se modifican por segunda vez consecutiva en dos meses los criterios de emisión de deuda de las corporaciones locales, con lo que se incurre en arbitrariedad, ya que las nuevas condiciones generan privilegios económicos a favor sólo de algunos territorios.

Con ello, dice la nota, se ignora además la exigencia de autonomía financiera derivada del principio de autonomía local y se deja a los ayuntamientos en una situación de incertidumbre en la que no pueden planificar sus inversiones.

Asimismo, dice que al no establecer los recursos adicionales con los que contarán las comunidades autónomas con cargo a 2010, los presupuestos violan el principio de lealtad institucional, puesto que las regiones no pueden determinar de qué recursos disponen para el ejercicio de sus competencias.

El PP incide en que en 2011 debían comenzar muchos de los cambios previstos en el sistema de financiación autonómica que se aprobó en 2009, pero que no es posible debido a los incumplimientos del Gobierno.

De esta forma, no se han incluido las entregas a cuenta de los recursos adicionales de 2010, necesarios para la entrada en funcionamiento del incremento de la capacidad fiscal y los nuevos Fondos de Garantía y Suficiencia Global.

Por otra parte, el PP sostiene que existe otra vulneración constitucional al incluir los presupuestos disposiciones adicionales que no guardan una relación directa con la previsión de ingresos y la habilitación de gastos para un ejercicio presupuestario.

También considera que "excede del alcance común de una Ley de Presupuestos" la incorporación de una disposición sobre Loterías, "en un intento de agilizar los trámites para vender cuanto antes y como sea Loterías y Apuestas del Estado".

El PP señala además el valor de sus argumentos al recordar que el recurso que presentaron a los PGE de 2009 tenía como principal motivo la falta de adecuación del cuadro macroeconómico y de las previsiones de ingresos y de gastos a la realidad, lo que cree que quedó "plenamente justificado" en el desfase entre el déficit previsto (-1,9 %) y el real (-11,13 %).