Madrid, 11 feb (EFE).- El decreto ley desarrolla cuatro programas dirigidos al fomento de la contratación estable, a la recualificación de quienes agoten sus prestaciones y a combinar acciones de orientación y formación.

El plan de choque para la empleabilidad de los jóvenes de hasta 30 años de edad y para los parados de larga duración tendrá una vigencia de 12 meses.

Durante ese tiempo, las empresas que contraten a esas personas y que tengan menos de 250 empleados no cotizarán nada por ellas a la Seguridad Social, mientras que las que superen esa plantilla sólo abonarán el 25 % de la cotización.

Según el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, el coste global que tendrán esas bonificaciones a la Seguridad Social será de 23,5 millones por cada 10.000 contratos que se hagan.

De acuerdo con las estimaciones del Ejecutivo, la Seguridad Social dejará de ingresar unos 262 euros al mes por cada contrato a tiempo parcial realizado.

No obstante, Gómez precisó que esa falta de ingresos se compensará con las prestaciones por desempleo que se les dejarán de pagar una vez que abandonen las listas del paro.

La norma establece que esos contratos a tiempo parcial (entre el 50 y el 75 % de jornada a tiempo completo) tendrán que tener una duración mínima de seis meses o bien ser indefinidos.

Además, sólo podrán hacerlos empresas para las que suponga un incremento de plantilla.

Al respecto, el ministro precisó que se ha excluido a las que hayan despedido gente para evitar que utilicen el contrato a tiempo parcial como instrumento de sustitución de los trabajadores más antiguos.

Si las empresas deciden transformar en indefinidos esos contratos temporales a tiempo parcial podrán acogerse además a las bonificaciones que fija la reforma laboral para las conversiones y que son de entre 700 y 1.500 euros por año, para un período de entre 3 a 4 ejercicios, según el ministro de Trabajo.

Valeriano Gómez espera que, en los 12 meses del plan de choque, se hagan unos 100.000 contratos
En cuanto a la nueva ayuda de 400 euros estará en vigor 6 meses, tendrá un coste para el Estado de 400 millones de euros y la previsión del ministro es que cada mes la reciban de media unos 80.000 desempleados.

Esos 400 millones no supondrán que se supere el techo de gasto que se ha fijado el Gobierno para este año en los Presupuestos Generales del Estado, según el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Trabajo reasigna 200 millones de su presupuesto, mientras que el resto de ministerios aporta los otros 200 millones.

La nueva ayuda, que sustituye a los 426 euros del PRODI (programa temporal de protección por desempleo e inserción) que concluye el próximo 15 de febrero, sólo la podrán solicitar los que agoten su prestación por desempleo a partir del 16 de febrero y que carezcan de rentas que superen el 75 % del salario mínimo interprofesional (situado este año en 641,4 euros/ mes).

Otros requisitos que se les exigirán serán no haber cobrado el PRODI y participar en medidas de formación y recualificación en sectores emergentes y con mayor potencial de crecimiento.

El real decreto es, para el ministro de Trabajo, "fruto del diálogo y de la concertación social", ya que emana del pacto económico y social suscrito el pasado 2 febrero por el Ejecutivo, los empresarios y los sindicatos.

Al respecto, CCOO valora la nueva ayuda de 400 euros, a pesar de que considera escasa su cuantía, confía en que el plan de choque sirva para crear empleo neto y destaca que ha introducido "elementos correctores" para evitar que las bonificaciones sean utilizadas para sustituir unos empleados por otros o para hacer rotaciones.

Mientras, ERC ha anunciado que no apoyará el real decreto porque no permite a los perceptores de la ayuda de 426 euros del PRODI acceder a la nueva asistencia de 400 euros; y al BNG, que advierte que puede ir en "dirección contraria" y fomentar la precariedad entre los jóvenes.