Ankara, 3 feb (EFE).- El ministro del Interior, Besir Atalay, calificó la protesta sindical de "ilegal" y recordó que está prohibido realizar manifestaciones junto al Parlamento.

Por ello, desde tempranas horas de la mañana, el centro de Ankara amaneció tomado por miles de policías que incluso bloquearon con barricadas los accesos a la céntrica plaza de Kizilay, cercana a la asamblea turca.

Según pudo comprobar Efe, los representantes sindicales trataron de negociar con la policía para que al menos se permitiese que la manifestación alcanzase Kizilay, algo que tampoco fue autorizado.

Algunos grupos de manifestantes mostraron su enfado arrojando objetos contundentes contra los agentes, que respondieron con cañones de agua y gases lacrimógenos.

Aunque no se han dado cifras de heridos, varios manifestantes se retiraron de la marcha sangrando a causa de heridas en la cabeza producidas durante los choques con los agentes.

Unos 60 diputados de la principal formación de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), marcharon junto a los manifestantes, y algunos de ellos sufrieron los efectos del gas.

Los incidentes se reprodujeron durante todo el transcurso de la marcha, pero no hicieron desistir a los sindicalistas de continuar con su protesta.

Muchos manifestantes corearon consignas como "Esto es Ankara, no El Cairo", "Tayyip, ha llegado tu turno" y "Tayyip, te deseamos un final feliz como a (Hosni) Mubarak", en referencia al presidente egipcio.

En declaraciones a Efe, Suleyman Çelebi, líder de la Federación de Sindicatos Obreros Revolucionarios (una de las mayores del país), se quejó de que Erdogan haya instado a los líderes árabes, como el presidente egipcio, a escuchar la voz del pueblo, y él mismo no sea capaz de hacerlo.

La manifestación había sido convocada por los principales sindicatos turcos para protestar contra la ley de reforma laboral propuesta por el Gobierno.

La llamada "Ley Bolsa", que actualmente se discute en el Parlamento, es un paquete de 163 medidas, muchas de las cuales no tienen relación entre ellas, pero que han sido empaquetadas por el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), con mayoría absoluta, para facilitar su trámite legislativo.

Entre las medidas, destacan la reducción del salario mínimo para los jóvenes, la posibilidad de traslado de los funcionarios y la contratación de empleados sin seguro social.

Otro de los aspectos más polémicos de la ley es que concederá la mayor amnistía financiera de la historia de la república a aquellos que tengan impuestos por pagar y multas de Hacienda.