Lo queramos o no, los mercados financieros en todo el mundo juzgan actualmente la capacidad de los gobiernos de cumplir sus compromisos. Si la deuda pública evoluciona según una trayectoria que llevará tarde o temprano al defecto (que se llama de manera evasiva “restructuración”), los Estados encontrarán dificultades de levantar por si mismos deudas a corta posibilidad, ya que ningún inversor no está dispuesto a jugar al juego de la “patata caliente” y guardar títulos con los que se arriesgan a no ser pagados.

Varios países de Europa, entre ellos España, luchan desde el final de la Gran Recesión para dar confianza a los inversores. Los motivos de los temores difieren de un país al otro. En España, son particularmente: la desaparición del motor de crecimiento del sector inmobiliario, una estructura económica relativamente menos diversificada que en otros grandes países de Europa, un mercado de trabajo extremadamente rígido, un sistema financiero debilitado por la crisis con numerosas instituciones en prórroga y un sistema de protección social demasiado generoso teniendo en cuenta los medios del Estado español, hecho que justifica las inquietudes de los inversores.

El año pasado, el gobierno español tomó una serie de medidas destinadas a reequilibrar los recursos y los compromisos del Estado. Este reajuste es extremadamente delicado ya que toda duda de los inversores sobre este equilibrio se traduciría automáticamente en una subida de tipo de interés, capaz de alterar el equilibrio en cuestión. La ampliación de la edad de jubilación es particularmente inevitable en un mundo en el que la gente vive más tiempo. Aquellos que piensan que esta medida debería todavía aumentar el desempleo no han entendido que la verdadera causa del desempleo radica en el excesivo crecimiento de los costes salariales en España que ha destruido la competitividad de los bienes y servicios producidos en este país.

Como en otros países de Europa del Sur donde las negociaciones de las condiciones de trabajos se efectúan esencialmente por la empresa, los sindicatos españoles están preocupados esencialmente por el poder de adquisitivo de los miembros de estas organizaciones, sin que se tome en cuenta realmente la situación de los desempleados. Actualmente este objetivo de sindicatos entra en conflicto con los objetivos de largo plazo de España, que son la reducción del paro y la estabilidad financiera del Estado.

Aunque podemos comprender el descontento de los sindicatos del sector público, cuyos adherentes son los más afectados por las medidas de rigor presupuestario, no estoy seguro de que tomen conciencia de la verdadera medida de las cuestiones financieras. Cualquier retroceso sobre las medidas de reducción de los déficits podría tener consecuencias dramáticas para España en primer lugar, y en toda la zona euro posteriormente.

• Radu Vranceanu es Profesor de Economía y de la escuela de negocios ESSEC, y Director del Centro de Investigación del Grupo ESSEC