El fiscal ha pedido a la Policía y a AENA de que informe de la identidad de los controladores que se han ausentado de sus puestos de trabajo, mientras que la Guardia Civil procede ya a identificar a los controladores reunidos en un hotel próximo al aeropuerto de Madrid-Barajas. Las fuentes de la Fiscalía han señalado que estas actuaciones se llevan a cabo en virtud de los artículos 20 y 21 de la Ley penal de Navegación Aérea que establece el delito de tráfico aéreo y el agravante de sedición, en caso de que se observe una voluntad intencionada de paralizar el tráfico aéreo. Este tipo de conductas están penadas con hasta 8 años de prisión.