París, 27 oct (EFE).- El voto de los diputados, después de que ayer el Senado refrendase el texto, será el penúltimo paso para convertir en ley la polémica reforma que el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, deberá oficializar con su firma.

Si bien es cierto que los socialistas han anunciado que recurrirán al Consejo Constitucional, parece un argumento más político que jurídico, para retrasar la aprobación de la ley y ampliar el tiempo de protesta en la calle.

En cualquier caso, el Gobierno podría pedir que el Consejo Constitucional actuase de urgencia por lo que, según el calendario que maneja el Elíseo, la ley estaría promulgada para mediados del próximo noviembre.

Mientras tanto, la tensión de la protesta en la calle disminuye, los transportes públicos casi han recuperado la normalidad y se han desbloqueado varias refinerías.

Algunos sindicatos, como la Confederación Francesa de Trabajadores (CFDT), han tendido la mano al Gobierno para recuperar el diálogo social, negociando otros aspectos de la política social y laboral, como el empleo de los jóvenes y los mayores.

No obstante, los sindicatos han convocado para mañana una nueva jornada de huelga y otra sesión de movilizaciones el próximo 6 de noviembre y desde la mayor agrupación de trabajadores del país, la Confederación General del Trabajo (CGT), se asegura que la protesta continúa.

La contestada ley propone, entre sus puntos más polémicos, elevar de los 60 a los 62 años la edad mínima para la jubilación y de los 65 a los 67 la edad de jubilación, cuando no se haya cubierto el período de cotización, que ahora es de 40,5 años y pasará a 41 años en 2012.