De esta forma, Gestha sale al paso de la orden publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según la cual el Gobierno subcontratará con firmas privadas la auditoría de determinados organismos estatales para 2011 cuando, en su opinión, el Ministerio de Economía y Hacienda cuenta con técnicos suficientes para realizar esta actividad y debería dar ejemplo de contención y austeridad en un momento económico especialmente delicado.

Gestha asegura que este proceso de contratación con empresas privadas de las auditorías de organismos estatales, con el sobrecoste que supone para las arcas públicas, coincide en el tiempo con la decisión de apartar a los técnicos de sus competencias auditoras, como son la planificación y dirección de los equipos de auditoría y la firma de informes con las responsabilidad que conlleva. En la actualidad muchos técnicos auditores de larga experiencia y veteranía en el ejercicio de su profesión han sido relegados a puestos prácticamente de auxiliares, desaprovechando así sus capacidades.

En su opinión, resulta contradictorio que, por un lado, la Ley de Auditoría de Cuentas 19/1988 reconozca a los Técnicos de Auditoría el trabajo y la formación necesaria para ser auditores privados -cualquier auditor que quiera ejercer su profesión debe estar inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROA)- y, en cambio, se pongan cortapisas para el ejercicio de su profesión dentro de la propia Administración Pública.

Una práctica cara y habitual

Los Técnicos de Hacienda explican que esta contratación con empresas privadas de auditoría no es un "heho novedoso", sino que se ha convertido en los últimos años en una "práctica habitual" del Ministerio de Economía y Hacienda. En la actualidad, la mayoría de las empresas y entidades públicas, especialmente aquellas con un volumen de negocio o complejidad elevados, son auditadas por empresas privadas.

De acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado, éste gastará más de diez millones de euros entre 2009 y 2013 en esta práctica, un gasto que resulta "excesivo" e "innecesario" en un momento en el que el déficit del Estado supera los 117.000 millones de euros, ya que muchas de estas auditorías podrían ser realizadas directamente por la IGAE con sus propios recursos.

A modo de ejemplo, durante estos últimos años se adjudicaron los controles de las acciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a Audihispania Gran Thorton con un coste de 542.100 euros, a PriceWaterhouseCoopers Auditores (con un coste de 549.695) y KPMG Auditores (498.550 euros). Ésta última también auditó las cuentas de Renfe y Adif en 2007 con un coste de 478.328 euros.

Otras cuentas auditadas por organismos externos y que destacan por su coste son las de Aena, cuyo análisis del ejercicio 2007 elaborado por Deloitte costó al Estado 350.000 euros. La auditoría de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, realizada por Mazars para 2007/2008 tuvo un coste de 196.000 euros, en tanto que la del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 2006/2007, elaborada por PriceWaterhouseCoopers Auditores, supuso un desembolso de otros 184.000 euros. Esta misma firma auditó varias fundaciones de carácter público con un coste para las arcas del Estado de 152.000 euros.

En opinión de los Técnicos de Hacienda, la contratación de auditorías externas no reside tanto en la insuficiencia de medios como argumenta la Administración sino en la falta de eficiencia en el aprovechamiento de los recursos humanos de que disponen las Administraciones Publicas. En la actualidad, los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda no tienen una función definida, en tanto que inspectores e interventores tienen una acumulación de competencias y funciones que restan efectividad a las inspecciones y control de las subvenciones que se realizan.

El Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública (GESTHA), antecedente de los Cuerpos Técnicos de Hacienda, se creó en 1976, diez años antes de la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea (CEE), con el fin de solventar determinados problemas de personal existentes en el Ministerio de Economía y Hacienda. Solucionados aquellos problemas, en la actualidad Gestha trabaja por conseguir una Administración Financiera moderna y eficaz con una estructura administrativa y de personal que garantice las necesidades del servicio público de un modo eficiente y racional.