Un paso atrás en el modelo de trabajo

El pasado 8 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó un decreto ley que obliga a las empresas a contar con un registro horario de la jornada de sus empleados. Así, el 12 de mayo entrará en vigor la nueva normativa que obligará a las empresas no solo a detallar a diario el horario de entrada y de salida de cada trabajador, sino también a guardar este registro durante cuatro años y ponerlo a disposición de la Inspección de Trabajo. 

El gobierno ha justificado la implantación de este registro de jornada afirmando que servirá para controlar que no se excedan las jornadas laborales máximas exigidas en la normativa, y ayudará a corregir la situación de precariedad, bajos salarios y pobreza que afecta a muchos trabajadores. Según la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2018, más del 50 % de los asalariados declararon tener jornadas semanales superiores a las 40 horas semanales. Esta misma encuesta contabilizó en 2,96 millones las horas extraordinarias no pagadas a la semana, lo que equivale a 74.050 empleos de jornada completa y lo que se traduce en 14.000 millones de euros en impuestos y cotizaciones no cobrados por el Estado. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el registro de entrada y de salida no garantiza que se evite el fraude. La solución pasaría por inspecciones de trabajo más frecuentes y mejor organizadas para paliar el exceso de horas extras en aquellos sectores donde es más común, como por ejemplo, el sector servicios. 

Además, y aunque el ejecutivo ha planteado esta medida como una protección para el trabajador, hay que destacar que esta nueva normativa retrasa de manera clara la madurez de nuestro sistema laboral, anclándolo en costumbres que deberían ser ya del pasado. El conocido como “presentismo” ha lastrado nuestra madurez laboral durante el siglo XX, cuando levantarse de la silla antes que el jefe estaba mal visto y el mejor trabajador era el que más horas hacía en la oficina.

Afortunadamente, la sociedad ha avanzado y el modelo laboral se ha transformado hacia uno mucho más flexible, con trabajos por proyectos y objetivos. Cada vez más, las empresas apuestan por espacios abiertos, y las organizaciones se estructuran de manera horizontal. Hoy se apuesta por incentivar el papel proactivo de cada empleado en la empresa, donde es el trabajador puede decidir cómo organizar su jornada laboral, siempre y cuando cumpla sus objetivos. 

De hecho, los propios empleados también consideran esta forma de trabajo más atractiva. Por citar un ejemplo, según el Índice de Confianza Laboral que elabora trimestralmente PageGroup, los trabajadores consideran la conciliación laboral el factor más relevante a la hora de cambiar de empleo (90,9 %). Igualmente, destacan la flexibilidad para trabajar y distribuir a su manera las horas establecidas a lo largo del día (71,1 %) como otro de los factores que contribuyen a su motivación laboral. Sin embargo, y pese a que la nueva normativa específica que el registro de hora no debe ir en detrimento del trabajo flexible, lo cierto es que lo dificulta, al establecer nuevos protocolos de control que resultan complejos de seguir para aquellos empleados y empresas que no cumplen un horario laboral típico.  

Otro aspecto a considerar es el desembolso económico que supondrá para las empresas la implantación de estos sistemas de control. Todavía no existen estudios al respecto, pero las compañías tienen apenas 2 meses para adaptarse a la nueva normativa, que en la mayoría de los casos supondrá una inversión en sistemas de fichaje y almacenamiento para los que el Gobierno no ha dispuesto ninguna ayuda adicional. Además, en caso de infracción de la normativa, pueden ser sancionados con multas de entre 626 y 187.215 euros por empleado. 

Creemos que la sociedad debe avanzar y dirigirse hacia un modelo opuesto al que propone la ley, que se base en objetivos y no en horas trabajadas. Los estudios demuestran que esto aumenta la productividad y motivación del empleado, y crea un clima laboral mucho más favorable. Es imposible avanzar en el siglo XXI procedimientos del siglo XIX que no supondrán ningún beneficio, sino diversos costes a todos los niveles tanto para empresas como empleados. 
 

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